Diccionario de la Real Academia Española.
La falta de cumplimiento de lo acordado llevó al fracaso de los diálogos de
negociación. Para el primer semestre de 1987, las FARC se deslindaron de la UP
por falta de garantías para el ejercicio de los derechos políticos y la incorporación
plena a la vida civil y política del país. Como consecuencia de ello, los miembros
de la UP quedaron en una situación de alto riesgo, siendo acusados de ser
portavoces de la guerrilla. Paramilitares y agentes del Estado ejecutaron el
genocidio con una ola de crímenes selectivos contra senadores, representantes,
concejales, diputados y militantes de la agrupación.
El número de víctimas entre 1984 y 2006 es de 6.528 personas, de las cuales
cerca de la mitad fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente.
El genocidio de la UP se realizó a partir de un conjunto de planes conocidos como
“Operación Cóndor”, “Baile Rojo”, “Esmeralda”, y “Golpe de Gracia”, los cuales buscaron la
eliminación de los miembros de este movimiento en diversas modalidades: masacres,
asesinatos, desplazamientos, desaparición forzada, amenazas, exilios, encarcelamientos,
destrucción de sedes, y el despojo de su personería jurídica en 2002. Durante estos años,
la impunidad ronda el 97% de los casos.
En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió la demanda
interpuesta por la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, contra el
Estado colombiano por el caso de la Unión Patriótica. Este órgano administrador de justicia
reconoció las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en este caso.
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